los incentivos a la eduacion

Como la mayoría de los colegios particulares subvencionados están insertos en lo que conocemos como PYMEs, estos se enfrentan en parte a los mismos problemas; insuficiente financiamiento de largo plazo y baja calidad de la gestión administrativa. Debido a que casi la totalidad de los costos de esta actividad son cuasifijos, el principal incentivo dado en el actual esquema es maximizar los ingresos respecto a este nivel de costos cierto.

Si el subsidio es plano para cada sostenedor ($30.000 por mes por alumno) e independiente de la calidad entregada, el principal atractivo es llenar las plazas disponibles para maximizar la escala productiva instalada.

El tema de la calidad (excepto en una minoría de casos) pasa a ser para ellos de un orden inferior. A su vez el sostenedor estatal tiene incentivos aún más perversos, debido al conflicto de interés y la dilución de responsabilidad; no tiene premio ni castigo en la evaluación de los alumnos.

El argumento de que no discrimina a la entrada de alumnos a estos colegios, no es razón para no incrementar la calidad porque aquí estudian justamente los más pobres de la sociedad.

Los argumentos para mejorar la calidad de la educación son los ya conocidos: terminar con el Estatuto Docente, diseñar un sistema de evaluación de la enseñanza en los colegios que permita diferenciar la magnitud del subsidio, incrementándolo para colegios que aceptan niños con menos capital cultural y social (“es más caro educarlos”) y para aquellos que retornen más calidad, e incrementar la información para las familias.

También están ausentes en la discusión los incentivos salariales para los profesores (así se alinearían con la calidad a entregar de la institución) así como políticas de capacitación para ellos. Lo anterior unido a que tener mejor calidad, requiere un esfuerzo de inversión adicional (infraestructura, buenos profesores), que sería compensado por un subsidio diferenciado.

En todo caso, que la nueva ley LOCE establezca el fin de lucro para los colegios subvencionados, es claramente un retroceso. Incentivos adecuados y conectados con resultados para los sostenedores, y al mismo tiempo con el reconocimiento de que en este mercado se requieren disposiciones adicionales, es una condición prioritaria para sacar a la educación de su estado de aletargamiento.

Podríamos también en el mismo espíritu de la LOCE aprobar una ley para terminar con la educación con “fines de pérdida social” si continuamos en esa línea argumental.